Por Ana María Gnecco
Colombia, país
privilegiado geográficamente por la riqueza de sus tierras y por tener la
capacidad de autoabastecimiento a nivel agrícola, enfrenta hace ya 12 días un
cese de actividades del sector agropecuario. La crisis de los campesinos, ante las adversidades que se presentan en el
campo, despertaron los ánimos de protesta en la comunidad agro, llevándolos a
frenar el abastecimiento de alimentos, cerrar las principales vías agrícolas
del país e, incluso, a botar los alimentos en señal de protesta.
Los líderes de
la protesta exigen al gobierno un plan de acción concreto que mejore su
situación, que se debe –según ellos- en
gran parte al abandono del estado y a la falta de políticas reguladoras del
sector, como los costos de fertilizantes, plaguicidas e insecticidas, peajes,
gasolina. Además de esto, hay un tema de fondo que afecta no solo la economía y
tradición de los campesinos, sino que, además, puede representar daños en la
salud de los consumidores de los productos.
Tras la firma
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se expidió en nuestro país la
norma 970, en la que se contempla que los campesinos deberán usar en sus
cosechas únicamente semillas certificadas para la producción de sus cultivos. ¿Casualidad
o requisito fundamental para la firma del tratado?
Desde el 2010,
año en que se expidió la norma, los
campesinos han venido luchando silenciosamente contra un mercado internacional
que ofrece semillas certificadas y mejoradas, y a la vez, huyen de la persecución que
realizan las autoridades del país a aquellos que aún reutilicen semillas o las
comercialicen ilegalmente. Por décadas, los campesinos han reservado lo mejor
de sus cosechas para reusarlas como semillas en próximas siembras. Reutilizar
las semillas ha sido, para los agricultores colombianos, una práctica normal y
rutinaria.
Ya era hora de
que los campesinos se hicieran sentir y exigieran al gobierno la atención que
necesita el campo, pues, como leí en alguna parte, algún día necesitaremos de
un médico, abogado o arquitecto, pero todos los días necesitaremos de un
agricultor. Ahora bien, es cierto que en nuestro país, no sabemos protestar, y
que se ha dado la coyuntura para que grupos inconformes con el gobierno actual,
ajenos a la crisis agropecuaria, intervengan de manera violenta en las
protestas, empañando y desviando la problemática a asuntos de orden público.
La respuesta a
si la norma 970 fue o no un requisito para la firma del TLC no la conocemos. El
Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), encargado de regular la actividad
agropecuaria del país, niega el hecho y por su parte, el embajador de USA en
Colombia, Peter McKinley, comenta que el TLC no es renegociable. Para concluir,
el gobierno tiene en sus manos la tarea de reformar al sector agro, ya que, sin
tener en cuenta si el principal motivo de la crisis es o no el TLC, ya no es
tiempo de buscar culpables sino de encontrar soluciones.
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