Después de anunciar que en marzo del 2016 se firmaría el fin de 50 años de conflicto, y la pronta creación de una Jurisdicción
Especial para la Paz, el pasado 23 de septiembre en el exitoso encuentro entre
el presidente Santos y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko',
en La Habana, el enfrentamiento armado parece estar llegando a su fin, sin embrago, la pugna social continúa
vigente.
Con la llegada de la Paz, se estima que los 12 billones
anuales que le cuesta la guerra al país, se convertirían en un crecimiento del
2% del Producto Interno Bruto, y, así como el cambio se haría visible
profundamente en la economía nacional, también debería apreciarse, a igual
escala, en todas las esferas y ámbitos del país, hasta en el enfrentamiento
entre partidos y los planes de acción estatales.
Lo que garantiza el éxito de los Diálogos no es solamente
la desmovilización del grupo guerrillero, ni el establecimiento de un cese
bilateral al fuego. Mientras en Colombia continúen existiendo la pobreza, la
desigualdad, las falencias educativas, el narcotráfico, la delincuencia común,
la guerra entre partidos e ideologías y, sobre todo, la corrupción política, no
podremos hablar de una verdadera paz.
La firma del Proceso es el primer paso en el largo camino
de trasformación social que esta requiere para existir y prevalecer, esto es, en
palabras del jurista italiano Luigi Ferrajoli, la premisa que constituye a la
paz como un “valor supremo, sin el que no existe justicia ni democracia”, por
el cual, debemos trabajar, unidos como país, no divididos en ideologías o
partidos, sin descanso.
Escribió Danya Balero Montoya
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