Es un derecho, un bien público

Por Juan José Molina Guerrero

Colombia está atravesando por una fuerte crisis con respecto a la educación superior pública. Estudiantes de todo el país, en especial las ciudades de Bogotá, Medellín y  Cali,  se han manifestado. Han  realizado marchas pacíficas en contra de la aprobación de la famosa Ley 30, propuesta por el Ministerio de Educación Nacional.

No hay duda, que toda la educación pública en Colombia, necesita un cambio. Sobre todo en la educación superior. El país necesita generar oportunidades para esos millones de jóvenes que pasan el día en el parque o en Facebook, desperdiciando su talento. Por eso insisto: que parte de la solución está en lo que el gobierno puede hacer para mejorar este derecho fundamental.

La reforma de la educación superior (Ley 30) que propuso el gobierno a todo el país, en realidad presentaba problemas de oferta y calidad, con respecto a las tendencias y estándares internacionales. Las posibilidades para cumplir los objetivos de esta ley, se cuestionaban a primera vista.

En algo tiene razón Alfonso Gómez Méndez, político y jurista colombiano, cuando dice “El debate estudiantil que enhorabuena surge ahora debe servir no solo para mirar con seriedad el tema de la educación superior, sino todo lo concerniente al sistema de educación en general” para solucionar el problema de la educación superior, hay que indagar qué problemas y qué amenazas tiene la educación en general.

Para ir en ese camino de solucionar tantos males que aquejan a la educación colombiana, debemos tener presentes estas preguntas desarrolladas. Con estas respuestas, ahora  el gobierno podrá proponer una ley que sea benéfica para todos, así como lo dice el lema de la derrocada Ley 30 “Es un derecho, un bien público”.

¿Hasta dónde debe ir la gratuidad? ¿Qué calidad de la educación se requiere, sobre todo a nivel universitario? ¿Qué relación existe entre desempleo y formación universitaria? ¿Estamos formando los docentes e investigadores que el país necesita?