En cuanto a la “Tasa Mello”

“En un departamento que tiene tantas limitaciones de tipo financiero, esta contribución es la única alternativa para generar ingresos que vayan encaminados en ese sentido, que es fortalecer la seguridad de todos los ciudadanos”, manifestó el Gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes.

Por Yéssica Rivas y Carmen Ceballos

El Magdalena, con 513 años, siendo uno de los departamentos más antiguos de Colombia y con una población de 1’180.051 habitantes, según censo del DANE del 2005 al 2009, se ha convertido en fuente de polémica, debido a las últimas determinaciones que ha tomado el Gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, con respecto a la seguridad en este departamento.

Administraciones pasadas han puesto en entre dicho el buen nombre del departamento en al ámbito político, económico, jurídico, legal y hasta moral. Los nombres de los ex gobernadores del departamento salieron a relucir en la prensa nacional y local por sus problemas con la justicia, relacionados, precisamente, con sus actividades políticas. Trino Luna Correa (2003-2007) fue destituido e inhabilitado de su cargo por haber promovido y auspiciado grupos armados al margen de la ley, específicamente las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, y Omar Díaz Granados (2008-2011) fue destituido e inhabilitad por presuntos nexos con la famosa pirámide DMG (firma procesada por lavado de activos), también fue acusado por la Procuraduría General de la Nación de causar daño económico al departamento por la compra de kits escolares con el valor de $18.000 pesos, pagando el Magdalena tres veces más por el precio real (56.520 pesos), siendo el ex Gobernador destituido e inhabilitado de su cargo.

El departamento del Magdalena tiene un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas ­NBI 2005-2009 (Dane) de un 47, 7%.. Otras de las principales necesidades básicas de la población es la seguridad.

“Es innegable que el orden público en nuestro departamento ha sido afectado en las últimas décadas.  Hoy, cuando hemos ido a los diferentes municipios del departamento y hemos participado en los diferentes consejos de seguridad, la queja mayor en los alcaldes municipales es, precisamente, la falta de protección. Manifiestan que en los diferentes municipios no existe un pie de fuerza necesario, y cuando lo hay no tiene los mecanismos para desplazarse”, afirma el presidente de la Asamblea, Francisco Porto. De acuerdo a su apreciación, la inseguridad en el departamento se debe a  las malas vías y al difícil acceso a corregimientos y veredas del departamento, lo que impide  el transporte de la fuerza pública. Del mismo modo, agrega que “he escuchado en esos consejos de seguridad al Coronel (Wilson) Barón,  comandante de la Policía en el Magdalena y manifiesta que no tienen los recursos suficientes para mantener efectiva la seguridad en todos los municipios para su transporte, alimentación y dotación”.

La  “Tasa Mello”

Departamento del Magdalena

El Gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, ha creado una tasa contributiva con el fin de recaudar dinero para apoyar los programas de seguridad. Esta es la llamada “Tasa Mello”, nombre asignado en alusión al apelativo del Gobernador “El Mello” Cotes que consiste en el cobro mensual de dinero a la ciudadanía para inversión en seguridad.

Alejandro Pérez, Contralor del departamento, la describe como “una tasa contributiva que se le va a cobrar a los magdalenenses a través de los recibos de energía eléctrica, con el fin de tener los recursos necesarios para entregarlos a los entes de vigilancia, como son la Policía Nacional, el CTI y el Ejército Nacional en aras de reforzar y buscar que la seguridad del departamento del Magdalena se pueda mejorar”.

Por otra parte, la justificación del gobernador del Magdalena es la falta de dineros  y de las innumerables limitaciones en cuanto a la inversión en seguridad, que, según él, la única manera que encontraron de satisfacer esa necesidad, de fortalecer ese sector público y de mejorar la inseguridad en el departamento, fue la creación de la “Tasa Mello” que se encuentra en proceso.

“En un departamento que tiene tantas limitaciones de tipo financiero, es la única alternativa para generar ingresos que vayan encaminados en ese sentido, que es fortalecer la seguridad que todos los ciudadanos, no solamente magdalenenses sino colombianos,  pedimos día a día a gritos. Además,  exaltar que el estrato uno y los no regulados fueron exonerados de este código”, manifestó Cotes.

No obstante a lo anterior, los ciudadanos se encuentran  en preocupación y en incertidumbre al no saber si estos recursos ayudarán al fortalecimiento de la seguridad de la ciudad, mostrando su preocupación y desconfianza por el porcentaje que se les cobrara en la factura.

Elena Álvarez, ciudadana samaria, se encuentra indignada por la falta de seriedad de los gobernantes y piensa que los dineros que pagarán los magdalenenses no se invertirán en seguridad y serán destinados a otros asuntos. “Es insólito, estoy indignada, no es posible que ahora nos toque sacar plata de nuestro bolsillo para eso que dicen ellos van a invertir en seguridad. Considero que los políticos buscan engañar nuevamente a la población y robarse la plata que con tanto esfuerzo conseguimos, ellos no se toman en serio nuestras necesidades”,  expresó Elena Álvarez.

Los comerciantes del departamento son los más afectados con la medida, debido al tan alto aumento del recibo. Se encuentran  descontentos por  no ser informados con anterioridad por el Gobernador sobre la creación de la tasa y manifiestan su desconfianza en cuanto al manejo de los recursos.

"Siempre hemos dicho que apoyamos a la Policía y (al) Ejército y demás instituciones;  sin embargo,  cuando vemos que se tienen unas condiciones no claras de inversión en la imposición de este tributo nos preocupa, ya que la historia nos ha demostrado que los recursos públicos no se han invertido como deben ser y esa es la preocupación de los empresarios", aseguró el Presidente de Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), Germán Castellano,  en una publicación del periódico El Informador, el día 10 de agosto del 2012.

En concordancia con lo anterior, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, César Riascos, manifiesta que la decisión tomada por parte de la gobernación no es la adecuada y que, aunque el departamento pasa por un momento difícil por la inseguridad, no es la manera de mejorar la situación. 

“Consideramos que este tipo de medida se debieron consultar con las diferentes fuerzas vivas de la región, de manera más amplia y participativa, con el fin de identificar diferentes alternativas de financiación para el Fondo Territorial de Seguridad”, expresó César Riascos.

Aseguró que una de las consecuencias que trae esta tasa contributiva, es la desmotivación a la inversión nacional y extranjera en el departamento, “lo que se debería hacer es adoptar medidas para estimular la creación y de nuevas empresas, para generar más progreso y empleos para el Magdalena”, explicó Riascos en un comunicado de prensa emitido  el 2 de agosto del 2012.

A pesar de que el Comité Intergremial del departamento se reunió con el Gobernador, Luis Miguel Cotes, para rechazar la ordenanza 010 de 2012 aprobada por diputados del Magdalena y mostrar su preocupación ante esta situación, señalaron que “sin desconocer las necesidades que tienen los organismos de  seguridad, se deben buscar otras formar para buscar recursos”, aseguró el Comité Intergrmial del departamento, en una carta enviada a Luis Miguel  Cotes, el 9 de agosto del 2012.

En contraposición a las declaraciones del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el contralor departamental Alejandro Pérez dice que ellos, como contraloría, son los encargados de vigilar para que esos recursos cumplan la función social, que es medir en un tiempo prudencial cuál ha sido el impacto de la tasa y si ha reducido la criminalidad y las diferentes formas de extorciones en el departamento. De ser así, se estaría cumpliendo la finalidad del proyecto; de lo contrario,  habría un detrimento de la “Tasa Mello”.

 Las tarifas, según estrato socioeconómico

En cuanto al envío de proyectos para mejorar la seguridad en el departamento,  no da razón el secretario General del departamento, Alberto Vives. Manifiesta que los recursos que el Gobierno nacional envía al Magdalena no son suficientes, y que la responsabilidad es compartida, que los diferentes entes gubernamentales, como los alcaldes y los gobernadores, deben colaborar armónicamente en el desarrollo de sus funciones a la causa y que el que hayan proyectos nacionales no implica que no ayuden en nada.

El gobernador del Magdalena señala la importancia para  la ciudadanía el que conozca las tarifas existentes, según el estrato social al cual pertenece. Resalta que la “Tasa Mello” es una cuota fija con un valor mínimo para el resultado que producirá la contribución en materia de seguridad.

“El estrato dos no pagaría, por ningún motivo, más de dos mil pesos y el estrato seis, por ningún motivo, pagaría más de veintitrés mil pesos. La tarifa no se cobraría dependiendo del consumo, es una tarifa fija, solamente para el gremio industrial y comercial hay una tarifa que varía, un porcentaje dependiendo de los kilovatios consumidos por mes, con un tope máximo de hasta un millón doscientos mil pesos”, aseguró.

 Con las empresas e industrias que hay en Santa Marta,  la primera tarifa será de ciento cincuenta mil pesos para este sector. En cuanto a la desconfianza producida por la “Tasa Mello”, se invitará al Comité Intergremial en cada reunión realizada para que opine y aporte en las decisiones, y se tendrá acompañamiento de la contraloría departamental y de la procuraduría regional para la debida vigilancia del proceso.