Justicia para los bobos

Por Vanessa Redondo Peña

Un proyecto ministerial: subsidio para el campesinado. Los subsidios son robados por los ricos. Conclusión: El líder del proyecto debe pagar lo que robaron los ricos

Históricamente, Colombia ha sido una nación dominada por las pasiones políticas. En el siglo XX,  el país sufrió una lucha bipartidista entre liberales y conservadores que se caracterizó por asesinatos, persecuciones y acciones terroristas por el alineamiento político.

Hoy día, si bien no hay partidos en guerra declarada, las diferencias políticas parecen seguir siendo motivo para asesinar, secuestrar y juzgar. Ya no se trata de liberales y conservadores, debido a que la apertura del país hacia el mundo y la redefinición de democracia, que ahora haya su esencia en la pluriculturalidad, y muestra de ello son los nuevos partidos que se desenvuelven en el tablero político del país.

Independientemente de la inclinación política de los partidos, muchos de estos se han vistos salpicados por problemas de corrupción. Un ejemplo de esto, son las acusaciones en contra de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe, en el que lideró un proyecto  llamado ’Agro Ingreso Seguro’ que tenía como fin promover la productividad y competitividad de la agricultura nacional, y reducir la desigualdad en el campo, por medio de subsidios entregados a los campesinos para la siembra, riego y drenaje de sus cosechas.

La polémica surgió cuando se descubrió, que, por medio de artimañas legales, algunas de las familias más prestantes del Caribe, como lo son los Dàvila y los Lacouture, accedieron como beneficiarios a estos subsidios, generando el repudio de la comunidad y llevando a la judicialización de los promotores del proyecto, en esta caso a Arias. Él se defendió argumentando  que los beneficiarios del programa eran gente honesta y trabajadora, y desconocía esas artimañas.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia sentenció a Andrés Felipe a una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 17 años y pagar 30.800 millones de pesos, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Ahora bien, sin desconocer la presunta responsabilidad de Arias en este caso, resulta injusto que él sea el único condenado, cuando se demostró que en sus manos no está un solo peso de ese dinero, al contrario de las familias implicadas que no enfrentan ningún tipo de sanción. Este proceso no envía más que un mensaje de que se puede delinquir si se tiene alguien para sacrificar en caso de que todo salga a la luz pública, parece en este país impera la ley del ‘Al caído caerle’.

También, es preciso reconocer que hay cierto atisbo de persecución política por alineamiento ideológico, ya que Arias si bien pertenecía al Partido Conservador se declaraba abiertamente uribista, y no es el primer ex miembro del gabinete de Uribe en estar envueltos en procesos polémicos en donde por decirlo de manera coloquial, ‘paga el más pendejo’. No es de sorprenderse entonces que el ex Ministro haya pedido asilo en Estados Unidos, es totalmente comprensible la necesidad de protegerse a él y a su familia, de una justicia injusta como lo es la colombiana.