Por Andrea Paola Suárez Burgos y Laura V. Orozco Madrid
La
desigualdad económica en el país es extremadamente desesperanzadora: mientras a
los congresistas les alcanza su salario para despilfarrarlo como quieran, el
ciudadano del común tiene que enfrentarse con el terrorífico dilema de cómo
distribuirlo para, por lo menos, poder comer. La grieta que separa estos
distintísimos mundos es excluyente porque beneficia desmedidamente a quienes se
alimentan del bolsillo de los menos favorecidos.
El
debate que hay, porque hay que hacerlo, no se debe centrar en si el salario de
los parlamentarios es muy elevado, aunque lo sea, sino en la proporcionalidad
que existe entre el ‘extenuante’ trabajo que realizan y su remuneración. Mientras
un campesino se parte el lomo bajo las inclemencias del sol recogiendo lo que a
duras penas le alcanzará para el desayuno de mañana, los roedores de corbata cranean
el futuro del país en cómodas sillas que solo ocupan 64 veces al año.
Aquellos que reciben sueldos pagados por los colombianos,
gozan del magnífico privilegio de no cumplir jornadas laborares como deben
hacerlo otros cargos, por ser un puesto político. Muchos, seguramente, solo
pisan el Congreso cuando es estrictamente obligatorio; entonces, al debate que
hay que plantear, también se le suma la proporcionalidad entre el compromiso y
responsabilidad que asumen con el país y el excesivo monto de su salario.
Exactamente,
son 6.862’800.000 de pesos que nos quitan a los colombianos por no hacer nada
que nos favorezca; al contrario, las sesiones del Congreso parecen ser unas
vacaciones en Miami, donde duermen explayados en sus tronos. El paralelo es que
una persona que se gana un salario mínimo de 644.350 pesos, trabajando hasta más
de 8 horas, tiene que trabajar duro y parejo durante, al menos, 40 meses para
conseguir lo que un congresista absorbe en 28, si acaso, con subsidios de
transporte, seguridad, una prima de navidad de más del 75 por ciento y demás
regalitos por debajo de cuerda.
Resulta
un arduo desafío imaginar cómo viviría un político de estos con un salario
mínimo, hasta se lo merecen. Sus hijos no tendrían la mejor educación en los
Andes, el Rosario, la Eafit y muchas otras universidades, para prepararse sobre
cómo seguir sus manchados pasos.
Si
bien, un congresista puede renunciar al ilógico incremento salarial del 4,66%, la
cuestión es si alguien se sensibilizará y rehusará a aceptarlo por el contexto
económico del país. Bueno, no seamos malpensados: posiblemente, habrá algunos
que manifiesten su espíritu altruista, pero bajo cuerda se lo cobrarán
multiplicado por dos o por tres.
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