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viernes, 11 de septiembre de 2015

El país de aumentos desproporcionales

Por Natalia Urrea y Sebastián Trujillo

El salario mínimo en Colombia, actualmente, corresponde a 644,336 pesos mensuales. Iniciamos dando esta cifra, que no es desconocida por ningún ciudadano colombiano, debido a lo anunciado a través de los medios nacionales sobre el aumento del sueldo a los congresistas, que pasaron de 24.7 millones a 25.8 millones, no sabemos por qué, tal vez los estén premiando por su ausentismo.


Para la prueba de un botón, el día de la jornada, la plenaria se tuvo que levantar, pues solo contaba con 42 senadores presentes, y para votar se necesitan mínimo 52. La justificación ante el desplante se argumentó como una orden, pues el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, no podía estar presente debido a su viaje a la frontera; la razón que se dio sobre el tiempo. No parece para nada una coincidencia.

Es a medida de situaciones como esas que nos surgen, entonces, una serie de preguntas que aquejan al decreto 1739 firmado por el presidente Santos, y es, ¿cómo es posible que a esos 7.000 millones mensuales (que es la sumatoria total que ganarían os respectivos legisladores, senadores y representantes del Congreso de la República, mensualmente) no se les dé un mejor uso?

No deberíamos aceptar que nuestro primer mandatario, en medio de la crisis que atraviesa disciplinariamente el Congreso, decida realizar este aumento. Qué consideraciones habrá tenido Santos para llegar a esta decisión justo en el momento en que los colombianos que residían en la frontera de Venezuela están siendo expulsado de manera inhumana, ¿acaso ese 1,1 millón de aumento salarial no podría ser, más bien, un aporte para los niños que se mueren de hambre en La Guajira?

Ante el desproporcional insumo, nos cuestionamos de si realmente se merecen los funcionarios de la rama legislativa dicho retroactivo. Para los colombianos esto debería ser un claro ejemplo de cómo la injusticia inoportuna de Santos juega con nosotros. Teniendo en cuenta, además, que nuestro país cuenta con una alta tasa de informalismo; y bajo ingreso para los que reciben un sueldo mínimo, ¿será que acaso el descaro no le alcanza a él y a los congresistas para ‘no’ acatar el decreto?


Ante el inconformismo por la noticia, la única solución que salió a la luz fue darles el libre albedrío a nuestros congresistas de aceptar o no dicho aumento. Y lo peor, es que las pronunciaciones han sido casi nulas, ahora nadie dice nada, posiblemente todos reciban su ‘insignificante’ aumento bajo cuerda. No se puede negar que los derechos para los ciudadanos colombianos seguirán siendo como las curules en una sesión del Congreso, ‘vacíos’.    

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